Asesoramos a una propietaria que acudió a nuestro despacho tras descubrir que la persona a la que tenía alquilada su vivienda estaba realizando un subarriendo no autorizado. El contrato de arrendamiento prohibía expresamente esta práctica, por lo que dicha actuación suponía un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y permitía instar la resolución del contrato. Nuestro equipo llevó a cabo una reclamación formal frente a la arrendataria para exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas y defender los derechos de la propietaria. Gracias a nuestra intervención y labor de mediación, se alcanzó un acuerdo amistoso por el que la inquilina abandonó voluntariamente la vivienda, reconociendo el incumplimiento contractual y evitando así la necesidad de iniciar un procedimiento judicial.
Enero 2026